¿Cómo y quién controla el horario de los trabajadores del campo en Córdoba?

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A partir de ayer es obligación de toda empresa controlar el horario de entrada y salida de sus trabajadores. El Gobierno central, mediante un decreto, impone esta medida para combatir el empleo sumergido y aflorar las horas extras sin pagar. Quien no cumpla con este control se enfrenta a multas que van desde los 626 euros hasta 6.250.
Pero, ¿qué pasa cuando el trabajo se realiza en un olivar de sierra o una finca de naranjos de la Vega del Guadalquivir? ¿Dónde tienen que ir a fichar los trabajadores? El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, afirma que el real decreto Ley 8/2019, que obliga al registro de la jornada laboral crea «incertidumbre» entre los agricultores porque «es de difícil aplicación para las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería».
Por tanto, «hay muchas dudas al respecto y habría que incluir al sector agrario dentro de este desarrollo reglamentario para que recoja las situaciones especiales y excepciones de nuestro sector», subrayó el presidente de Asaja Córdoba.
Trabajadores en la recogida de la aceituna en una explotación de Córdoba
Para la organización agraria, esta norma «atenta contra el sentido común», puesto que «el campo no es una oficina», las jornadas laborales no se asemejan a las de otros trabajos, puesto que entra en funcionamiento otra serie de condicionantes, como es «la ubicación de las explotaciones, las circunstancias meteorológicas o la propia singularidad de cada campaña agrícola y ganadera».
Además, esta norma significa «poner más burocracia y más trabas al campo», en vez de facilitar que se pueda realizar la labor con normalidad generando, sin embargo, «más problemas a los empresarios y a los trabajadores».

Soluciones reales

Para Asaja, lo que se está haciendo desde el Gobierno central es «generar más problemas en vez de brindar soluciones con una norma que no ha previsto las particularidades de cada actividad, ya que el campo tiene unas características especiales que no se pueden generalizar». Por tanto, Asaja Córdoba pide «soluciones reales y no más burocracia y trabas a la labor agroganadera».
Para tratar esta situación, la organización agraria mantuvo un encuentro con la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí, donde se abordó la situación del sector agrario para adaptarse a la norma y las complicaciones que supone para el campo poder llevarla a cabo.

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